Ya hablamos en números anteriores sobre la Ley de la cadena alimentaria y la importancia del papel de las instituciones públicas con competencia en el ámbito agroalimentario de aportar herramientas de cálculo representativas de los sistemas productivos en cada territorio; estas deben ser adaptables y, por tanto, útiles para los casos particulares de cada explotación. En la actualidad la ley de la cadena alimentaria (Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria) utiliza el concepto de coste efectivo de producción como base para la formalización de contratos de compra venta entre eslabones de la cadena productiva. El coste efectivo va a depender no solo de los gastos que debe asumir cada agricultor de manera individual sino de su propia eficiencia en la gestión de la explotación. Organismos de investigación aplicada, como el IMIDA en la Región de Murcia, pueden aportar estudios sobre costes de producción en relación a orientaciones productivas características del territorio.
El equipo de Bioeconomía del IMIDA, a través de una tesis doctoral, está caracterizando toda la cadena del limón en fresco, desde la producción primaria de diferentes sistemas y variedades hasta la fase de manipulación, confección y distribución a diferentes mercados. Esta caracterización aplica las metodologías denominadas Costes del Ciclo de Vida (CCV) y Análisis del Ciclo de Vida (ACV), es decir, se realiza una evaluación económica y ambiental.
